El Hotel Rosales Plaza en Bogotá fue escenario del balance sobre la implementación de la Ley de Utilidad Pública, una normativa que, a tres años de su promulgación, marca la transformación del sistema penal colombiano con enfoque de género.

El evento, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y INPEC, analizó los avances y desafíos de esta política pública que busca ofrecer alternativas a la privación de la libertad para mujeres cabeza de familia.

Sancionada en 2023, la Ley 2292 introdujo un cambio estructural en la política criminal al reconocer las condiciones de desigualdad histórica que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas en contextos de marginalidad. La norma establece la posibilidad de sustituir la pena de prisión por servicios de utilidad pública, permitiendo que las condenas se cumplan en libertad mediante actividades de impacto social orientadas a la reparación del daño.

Este enfoque restaurativo no solo busca descongestionar el sistema penitenciario, sino también evitar la ruptura de los vínculos familiares, particularmente en hogares donde las mujeres cumplen un rol central de cuidado y sostenimiento económico.

Durante su intervención, el director general del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, destacó los avances logrados en la implementación de la ley. “En estos últimos tres años se ha venido consolidando una visión diferencial del sistema penitenciario a partir del enfoque de género y la humanización. Esta ley representa una oportunidad real para muchas mujeres”, afirmó.

Actualmente, el INPEC cuenta con 31 convenios activos que habilitan cerca de 2.500 cupos para la prestación de servicios comunitarios, lo que refleja un esfuerzo institucional por ampliar el alcance de esta medida.

Para acceder al beneficio, la ley establece criterios específicos: ser mujer cabeza de familia, haber sido condenada por delitos relacionados con hurto o estupefacientes —o que la pena no supere los ocho años—, y que el delito se haya cometido en condiciones de marginalidad. Además, cada caso debe ser evaluado y aprobado por un juez competente.

A tres años de su implementación, la Ley de Utilidad Pública se consolida como una herramienta clave en la construcción de una justicia más equitativa, centrada en la dignidad humana y en la posibilidad de reintegración social. No obstante, las autoridades coinciden en que aún persisten retos en su aplicación, especialmente en la ampliación de cobertura y en la sensibilización del sistema judicial.

El balance general, sin embargo, es positivo: una normativa que no solo redefine el castigo, sino que abre caminos hacia la reparación, la inclusión y la transformación de vidas.

 

LJRS.