La socialización del documento CONPES 4157: Política para la Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia marca un punto de partida hacia la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarada por la Corte Constitucional desde el año 1998, creando una hoja de ruta que vislumbra un camino más claro hacia el logro de metas específicas.

Hoy desde el INPEC se sigue escribiendo la historia del Sistema Penitenciario y Carcelario a través del trabajo interinstitucional y mancomunado con sociedad civil, Personas Privadas de la Libertad -PPL- y más de veinte entidades del Estado, quienes a través de diversos espacios de sensibilización, diálogo y concertación concretan este documento para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 que incorporó la “Humanización de la política criminal y superación del ECI en materia penitenciaria y carcelaria”.

Teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, Director General del INPEC
en su intervención durante el evento.

Este CONPES aprobado el 3 de septiembre de 2025 por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica y Social, contiene lineamientos e intervenciones tendientes a avanzar en la superación de las condiciones estructurales del Sistema Penitenciario con una proyección de implementación de 10 años orientadas a asegurar condiciones de vida digna y procesos efectivos de resocialización.

“Desde el INPEC, junto con todos los servidores penitenciarios seremos actores fundamentales para que esto avance, le agradecemos al gobierno y a la ciudadanía por pensar siempre en la dignificación de la labor penitenciaria”, manifestó el Director General, Teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.

Los primeros pasos al interior de la entidad buscan la dignificación de la labor penitenciaria a partir de tres aspectos:

• La Resocialización Progresiva de las Personas Privadas de la Libertad.

• La profesionalización de los Servidores Penitenciarios, pasando de ser solamente custodios a agentes resocializadores, desde la capacitación, las condiciones laborales dignas.

• Transformación de la población privada de la libertad, pasando de ser agentes trasformadores de cambio a partir de la justicia restaurativa.

El evento contó con una entrega simbólica del documento CONPES 4157 por parte de la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina Posso, al representante de la Corte Constitucional, de las entidades vinculadas con este instrumento y a la Comisión de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional.

Acto realizado en el auditorio del Consejo Superior de la Judicatura

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Este acto destacó el compromiso del Gobierno nacional y de las entidades responsables de la política para garantizar los derechos de la población privada de la libertad y avanzar en la transformación estructural del sistema.

• La política pública se estructura sobre seis ejes estratégicos que abordan los principales desafíos del sistema:
• 1. Condiciones de vida digna en reclusión:

Se fortalecerán los servicios de salud, alimentación, infraestructura, acceso a la justicia y provisión de servicios públicos, reconociendo la dignidad de las personas privadas de la libertad.

2. Resocialización e inclusión en libertad:

Se ampliará la oferta de educación, empleo, cultura y deporte al interior de los centros de reclusión y se fortalecerán los mecanismos de atención y acompañamiento a personas egresadas para su efectivo retorno a la vida en libertad.

3. Cumplimiento de obligaciones territoriales:

Se brindarán herramientas técnicas y jurídicas a entidades territoriales para mejorar las condiciones de habitabilidad y atención de personas sindicadas en Centros de Detención Transitoria, en cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional.

4. Calidad, disponibilidad y articulación de sistemas de información:

Se fortalecerán los sistemas de información penitenciaria y carcelaria, permitiendo la interoperabilidad entre entidades y la construcción de política pública basada en evidencia; mejorando la articulación entre los conjuntos de información sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario y que están a cargo de distintas entidades como la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, INPEC, USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

5. Prevención del delito al interior del sistema:

Se adoptarán medidas para combatir conductas como extorsión, estafa y lavado de activos al interior de los establecimientos de reclusión, fortaleciendo el control institucional y la vigilancia.

6. Dignificación del trabajo del personal del INPEC:

Se implementarán acciones para mejorar las condiciones laborales, de seguridad, salud mental y carrera administrativa del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

Construcción colectiva y enfoque participativo:

• Este documento CONPES fue construido de manera participativa, con la intervención y aportes de más de 30 entidades del Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos del INPEC, personas privadas de la libertad y 87 comentarios públicos recibidos. La política reconoce la importancia del diálogo social y la inclusión de voces diversas para construir soluciones sostenibles y legítimas. Desde la dirección de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP, en articulación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se lideraron a lo largo de un año, encuentros y mesas técnicas que permitieron recopilar propuestas frente a temáticas fundamentales como: infraestructura, servicios públicos, acceso a la justicia, salud y resocialización con enfoque cultural, deportivo, recreativo y trabajo penitenciario, así como el acompañamiento a la población en egreso.

Acciones estratégicas que transforman:

• Algunas de las acciones clave que se desarrollarán a lo largo del periodo de implementación y que van en línea con los objetivos incluyen:

• Construir o adecuar la infraestructura física de los ERON para garantizar el derecho a las visitas de manera digna.
• Adecuar la infraestructura física de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para garantizar condiciones de habitabilidad digna en reclusión.
• Diseñar e implementar una estrategia de provisión de alimentos a través de pequeños productores y productores de la agricultura campesina familiar y comunitaria (Ley 2046 de 2020) en las cadenas de abastecimiento de los contratos de alimentación del sistema penitenciario y carcelario.
• Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento a la supervisión para garantizar la adecuada dotación, abastecimiento, almacenamiento y entrega de medicamentos, según la patología de cada persona privada de la libertad.
• Diseñar e implementar un plan de mejoramiento que garantice la asignación y asistencia oportuna a citas de medicina general y especializada, así como a procedimientos ambulatorios y cirugías ordenadas a personas privadas de la libertad.
• Diseñar e implementar una estrategia de promoción y prevención para el tratamiento de la salud mental.
• Adecuar la infraestructura física de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para garantizar la provisión adecuada de los servicios de energía eléctrica, agua y alcantarillado, internet, telefonía pública.
• Ampliar la cobertura de cursos de formación complementaria y titulada del SENA para población privada de la libertad.
• Actualizar e implementar un plan para aumentar las plazas de trabajo penitenciario para la población privada de la libertad.
• Diseñar e implementar un modelo de negocio para impulsar el posicionamiento de la Marca Libera.
• Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento a emprendimientos de personas posegresadas.
• Diseñar e implementar una estrategia de educación en orden a promover la inclusión financiera para población posegresada.
• Implementar de manera participativa y progresiva acciones frente al diagnóstico, promoción, prevención e intervención de la Salud Mental de los servidores públicos del INPEC.
• Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la carrera administrativa penitenciaria.
• El Gobierno del Cambio ratifica así que esta política no es un punto de llegada, sino el inicio de una transformación profunda del Sistema Penitenciario y Carcelario, que demanda articulación interinstitucional, continuidad y un compromiso real con la dignidad humana y la resocialización.

 

LJRS